| « LAS ELECCIONES DEL 2011 | INSEGURIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: LA INSEGURIDAD BAJO EL MICROSCOPIO ¿QUÉ HACER? » |
VIOLENCIA Y DERECHOS SOCIALES
1) Concepto de violencia
Consideramos a la violencia como la realización de un poder acumulado sobre el término más débil de una relación social asimétrica, que se despliega cuando los símbolos y valores que sostienen el poder se ven amenazados. Se presenta como combate entre fuerzas iguales, pero esta imagen encubre historias previas y relaciones de poder. Estas relaciones de poder se "naturalizan" o "normalizan". Porque una de las fuerzas se ubica en el lugar de la autoridad y la otra le debe respeto y obediencia El ejercicio del poder incluye procedimientos para su permanencia, búsqueda de consenso y mecanismos para su legitimación. Según este enfoque la única forma para neutralizar o disminuir la violencia, es que en el marco de las relaciones sociales dadas emerja un actor capaz de hacer frente a las prácticas violentas.
Seguimiento:
Hay diversos tipos de violencia. Nos referiremos a los dos que tienen mayor impacto en las sociedades actuales. Se trata de la violencia político-institucional, desplegada por el estado o grupos para-estatales contra opositores políticos y la violencia social desarrollada por grupos estatales u organizaciones del "crimen organizado" contra población civil.
En América Latina, durante la etapa caracterizada como de estado de "Seguridad Nacional" o de "Terrorismo de Estado",que se extendió entre los años 60 y 80, se desarrolló una sistemática violencia institucional y se verificaron decenas de miles de víctimas. Ejemplo de ello, son los genocidios de Guatemala y Argentina.
El las últimas dos décadas, se ha generalizado otro tipo de violencia que tiene como protagonistas a sectores estatales y grupos del denominado "crimen organizado", y las víctimas empiezan a superar las del conflicto armado anterior. En México, El Salvador, Guatemala, y Colombia las tasas de homicidios dolosos se ubican entre las mas altas del mundo.
2) La violencia político institucional en América Latina
Durante los años 60 a 80 se verificó en la mayoría de los países de América Latina una violencia institucional contra opositores políticos. La "guerra sucia" en México, en el estado de Guerrero; la "contrainsurgencia" en Guatemala y El Salvador; la masacre de los militantes de la Unión Patriótica en Colombia, las Dictaduras militares en el cono sur, fueron algunos de los procesos que generaron miles de víctimas civiles. Estas masacres todavía se investigan en el marco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o en las justicias nacionales, por haberse cometidos delitos de lesa humanidad, que no pueden ser perdonados por leyes de amnistía o indultos.
En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado en el caso "Radilla" sobre hechos de violencia ocurridos en el estado de Guerrero, México, en los años 70; en Guatemala se han procesado algunos militares de graduación intermedia; y en Argentina, los tribunales nacionales siguen investigando a centenares de altos jefes militares.
En la actualidad, este tipo de violencia político-institucional aparece en franco retroceso. En la región predominan Gobiernos democráticos y se ha reestablecido el estado de derecho. A su vez, los Acuerdos de Paz, con el auspicio de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, contribuyeron a la pacificación de países con largos conflictos armados como Guatemala y El Salvador. En Argentina, desde fines de 1983, se han sucedido Gobiernos constitucionales.
No obstante subsisten casos de violencia político-institucional, al amparo de virtuales estados de excepción que se dan en algunos países. En México, por ejemplo la denominada guerra contra el narco ha provocado la militarización de importantes zonas del país, y organismos de derechos humanos han denunciado la violación de libertades democráticas. En Honduras, en el marco del derrocamiento del presidente Zelaya, tambien se instauró un estado de excepción, con numerosas denuncias. En Colombia, la prolongación del conflicto armado con las FARC y la presencia de grupos de narco-traficantes, y de para-militares, ha generado la ausencia de garantías democráticas en algunas regiones.
3) El estallido de la violencia social en América Latina
La violencia social asociada al crimen organizado y al denominado "gatillo fácil" tuvo un gran incremento en las dos últimas décadas. Tanto que cierta prensa habla de "estados fallidos" con referencia a México.
En rigor, las estadísticas son impactantes. En México, la denominada guerra contra el narco, se ha cobrado mas de 25.000 víctimas en los últimos cuatro años y la escalada de violencia no se ha detenido.
En Guatemala, El Salvador, y Honduras la violencia asociada a grupos de jóvenes marginales(los "maras") y a la represión policial ha convertido a sus principales aglomerados urbanos en las ciudades más peligrosas del mundo.
En Colombia, los suburbios de Medellín y Cali, han retomado los niveles de violencia de principios de los años 90, cuando imperaban los carteles de Pablo Escobar y los Hermanos Rodríguez Gacha.
El análisis de la tasa de homicidios dolosos no deja lugar a dudas. Según un documento de la Oficina de la ONU para el Crimen y la Droga (Unodc) la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2003 y 2008 fue de 61 en Honduras 52 en El Salvador y 49 en Guatemala. A su vez, según fuentes policiales de 2009 el ranking de las ciudades con mas homicidios dolosos cada 100.000 habitantes es el siguiente 1)Ciudad Juarez en México, 191, 2)San Pedro Sula, Honduras,119,3) San Salvador,95,4)Ciudad de Guatemala, 86, 5) Cali, Colombia,73, 6) Tegucigalpa, Honduras,63 y 7) Medellín, Colombia,62. Reportes de prensa indican que, en especial en México y en Colombia, los hechos de violencia se siguen agravando en el 2010
Si bien se suele presentar como resultado de enfrentamientos de grupos del crimen organizado, o como "efecto colateral" de la guerra contra las drogas, la violencia tiene causas más profundas.
El modelo neoliberal que se aplicó en los años 80 y 90 redujo al mínimo la tradicional protección social, afectando el empleo y la seguridad social, y el acceso a la vivienda y a servicios básicos. En este contexto se genera una población excluída, que en la práctica opera como "población sobrante" del modelo.Esta población es la base de maniobras del crimen organizado.
4) El análisis del caso argentino
Como todas las sociedades latinoamericanas, la Argentina se caracteriza por altos niveles de violencia en sus dos siglos de vida independiente. Esta violencia está vinculada a las características del desarrollo capitalista y del estado. Poder económico y poder político se entrelazan en un esquema de dominación autoritario que genera miles de víctimas.
Durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX, los grupos dominantes aplican el principio de "eliminar al disidente". Esto provoca grandes masacres que afectan sobre todo a grupos subalternos y dominados: las "montoneras" federales del interior del país, los pueblos mapuches, en el siglo XIX; los activistas anarquistas, los militantes yrigoyenistas y peronistas en el siglo XX
Pero es en el último cuarto del siglo XX cuando el principio de eliminar al disidente se aplica en forma planificada y sistemática. En efecto, en los meses previos al golpe militar de 1976, y luego durante un largo período que termina en 1983, se desarrolla una práctica genocida sin precedentes. Por lo menos dos mil opositores son asesinados y unos 30.000 son objeto de desaparición forzada.
Recuperado el estado de derecho afines de 1983 y habiendo surgido un potente actor social a partir de los organismos de derechos humanos, la violencia político-institucional ha retrocedido. Solamente se registran algunas ejecuciones sumarias en el marco del intento de tomar un cuartel por parte de un grupo insurgente en 1989, y algunas víctimas de la represión policial durante la llamada "protesta piquetera" de los años 90. La última represión significativa se dio en el marco de la renuncia del Presidente De la Rúa, en Diciembre de 2001.
No obstante, durante los años 90 crecieron las denuncias por represión policial sobre víctimas que no revisten el carácter de opositores políticos. Surge una violencia "social", denominada "gatillo fácil", que afecta principalmente a jóvenes marginados. Desde 1983 hasta el 1º de diciembre de 2000, la Coordinadora contra la represión policial e institucional( Correpi) contabilizó 833 casos de "gatillo fácil". De ese total, 366 ocurrieron en Buenos Aires, lo que representa el 43,93 por ciento: el índice más elevado. El informe agrega que la edad promedio de las víctimas es de 17 años y que la mayoría provenía de los sectores más pobres de la sociedad.
Este tipo de violencia tambien parece haber retrocedido. En efecto, si tomamos la tasa de homicidios dolosos en la Argentina observamos que es creciente y comparable al promedio latinoamericano en la década del 90. Pero a partir del 2003, la tasa de homicidios dolosos registra una tendencia a la baja. Esto coincide con la gestión del "Kirchnerismo" que convierte en política de estado la defensa de los derechos humanos.
5) Políticas públicas contra la impunidad
El descenso de la violencia en el país tiene evidente relación con las políticas públicas tendientes a garantizar los derechos civiles. Estas políticas tuvieron tres ejes claros :a) justicia y anti-impunidad b) verdad c) memoria, en estricta concordancia con las normas del derecho internacional de los derechos humanos..
La primera de ellas se expresa en la actualidad en el procesamiento de mas de 600 militares de alta graduación y algunos civiles por delitos de lesa humanidad. Este juzgamiento es ejemplar porque se realiza por tribunales nacionales, utilizando Códigos de Procedimiento normales y con todas las garantías para los acusados.
Para llegar a esta situación los tres poderes del estado tuvieron que modificar leyes e indultos presidenciales que se dictaron en los años 90 y que tendían a mantener la impunidad. Fueron anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y declaradas nulas por la Corte Suprema dichas leyes y los indultos.
Dicha tarea se basó en normas internacionales, tales como tratados de derechos humanos y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También se basó en lo mejor de la tradición jurídica nacional al rescatar el principio de que las
prácticas genocidas son contrarias al Derecho de Gentes, previsto en la vieja Constitución liberal de 1853.
El enjuiciamiento de los responsables del genocidio es un hecho fundamental porque la sensación de impunidad es una de las causas de la persistencia
de hechos de violencia.
El segundo eje fue la lucha por la verdad. Aún en momentos en que regían las leyes del perdón, algunos tribunales nacionales aplicaron el criterio de la búsqueda de la verdad y siguieron investigando las prácticas genocidas. Se aplicó, entonces el derecho a la verdad contemplado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El tercer eje es la memoria. Se asume que la mejor garantía de no repetición es recordar los hechos violentos y señalizar los lugares donde hubo delitos de lesa humanidad. En la actualidad, los mayores centros de exterminio, son Museos de la Memoria.
La combinación de estos tres ejes: anti-impunidad, verdad y justicia resulta fundamental para evitar nuevos hechos de violencia política en el futuro.
Tambien se ha realizado un amplio proceso de compensación y reparación monetaria a las víctimas,en base a recomendaciones internacionales.
6) Los derechos económicos, sociales y culturales
Se afirma, con justeza, que la Argentina representa en su Bicentenario, un modelo a seguir en materia de derechos civiles y de acciones del Estado contra la impunidad por delitos de lesa humanidad. Este reconocimiento es común en Foros internacionales.
Sin embargo, creemos que también la Argentina representa un caso notable en materia del progresivo cumplimiento de derechos, económicos y sociales. Esto es la mejor prevención contra la violencia.
A partir de 2003 los tres poderes del Estado se han destacado en garantizar la plena vigencia de derechos consagrados en tratados internacionales.
Con el fin de demostrar esta afirmación, pasaremos revista a los derechos sociales enumerados en el Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales ( Protocolo de San Salvador) que puede considerarse el instrumento internacional básico en esta materia. Este instrumento es sancionado en 1988 y ratificado por nuestro país en Octubre de 2003.
El Protocolo comienza estableciendo el derecho al trabajo. Al respecto, la Argentina pasa de ser un país con record de desocupación en 2001-2002, con tasas de desempleo abierto del 22-23%, a un país con tasas de desempleo abierto menor de un dígito en los últimos años. A esto contribuye un crecimiento económico muy importante, de más del 7% anual, entre 2003-2010. Pero además se recurre a la economía social como forma de generar empleo, financiando cooperativas de trabajo y otras formas asociativas. Por lo tanto, un objetivo posible del actual Gobierno es avanzar hacia niveles cercanos al pleno empleo, lo que contrasta con otros países comparables.
El Protocolo establece el derecho a condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo. En este sentido los tres poderes del Estado han garantizado importantes mejoras. La Corte Suprema de la Nación ha declarado inconstitucional algunos artículos de la ley de Riesgos del Trabajo y los topes a la imdemnización por despido, sancionados bajo el Menemismo. Se han sancionado leyes que establecen mejoras en materia de limitaciones al poder de dirección de los empleadores -el llamado "ius variandi"- y en la jornada de trabajo; y se han eliminado los "contratos basura" establecidos en los años 90. A su vez el poder ejecutivo ha elevado los montos de la indemnización por despido durante la emergencia laboral e incrementado las indemnizaciones por accidentes de trabajo. Tambien se han establecido importantes mejoras en el regimen laboral y de seguridad social de las empleadas domésticas. En cuanto al trabajo no registrado ha disminuído respecto a 2001-2002.
El Protocolo establece los derechos sindicales. En este tema se ha verificado un indudable aumento de las afiliaciones a los gremios, lo que ha sido constatado por analistas gubernamentales y privados. La tasa de afiliación de la Argentina se ubica entre las más altas de América y supera a la de muchas países europeos. Asimismo hay fallos de la Corte Suprema que declaran inconstitucionales algunos artículos de la ley sindical vigente en tanto limita la elección de delegados sindicales.
El Protocolo establece el derecho a la seguridad social. En esta cuestión se han aumentado los haberes previsionales en forma significativa y sobre todo, a través de moratorias de La Administración Nacional de Seguridad Social( ANSES)se ha logrado que alrededor del 90% de las personas en edad de jubilarse hayan obtenido el beneficio. Esto significa la tasa más alta de jubilaciones en América.
En materia de infortunios laborales, la Corte Suprema ha declarado inconstitucionales algunos artículos de la ley de Riesgos del Trabajo, sancionada bajo el menemismo y que significaban una regresión respecto a la tradicional ley 9688 de 1915.
Por otro lado el Poder ejecutivo ha aumentado los topes de las indemnizaciónes tarifadas previstas en dicha ley y ha propuesto una nueva legislación, hasta el momento rechazada por entidades patronales
El Protocolo establece el derecho a la salud. En esta materia se han realizado obras que aumentan sustancialmente el número de camas en Hospitales
Públicos y se han habilitado nuevos Centros de salud, nosocomios y servicios. A través del Plan REMEDIAR se ha garantizado el acceso a medicamentos en forma gratuita a grupos sociales de bajos ingresos. Se han reducido las tasas de mortalidad infantil y materna, y se han controlado epidemias de enfermedades sociales como el dengue.
La jurisprudencia de la nueva Corte Suprema garantiza que los enfermos puedan exigir tratamientos a Empresas Pre-pagas y al Seguro Social u Obras Sociales mediante amparos judiciales.
El Protocolo establece el derecho a disfrutar de un ambiente sano y de servicios básicos. En este sentido el Poder Legislativo sancionó una Ley General de Ambiente y el Poder Judicial exigió a algunos Municipios acciones urgentes para
reducir la contaminación. El estado nacional presentó una demanda internacional con motivo de la contaminación del Río Uruguay y está resolviendo, sin ningún tipo de represión, la protesta organismos representativos de los habitantes de Gualeguaychú.
Creció en forma muy significativa el acceso a servicios básicos, como cloacas y agua potable. Mediante el programa Agua + Trabajo se construyó importantes obras de infraestructura social a través de cooperativas. Se estima que hacia 2011 un 83% de la población tendrá agua de la red, y un 62% acceso a cloacas.
El Protocolo establece el derecho a la alimentación. Más allá de la provisión de alimentos ante situaciones de emergencia o de extrema vulnerabilidad, el Estado estableció la Asignación Universal por Hijo que beneficia a todos los hogares con padres desempleados o con bajos ingresos. Esta Asignación significa la transferencia directa más importante de América Latina y la mayor inversión en gasto social en países comparables. Además tiene implicancias sobre el derecho a la educación.
El Protocolo establece el derecho a la educación. Argentina ha aumentado la matrícula en la educación primaria y secundaria, lo que es reforzado por la Asignación universal por Hijo, ya que la principal contraprestación de los padres es garantizar la inscripción de los hijos en el sistema escolar. Se han construído asimismo cientos de escuela y se proyecta distribuir gratuitamente alrededor de cuatro millones de net-book a través de programas nacionales y provinciales. En la educación universitaria la inversión presupuestaria creció en un 400% lo mismo que los sueldos de los docentes universitarios. Se creó el Ministerio de Ciencias y Tecnología.
El Protocolo establece el derecho a los beneficios de la cultura. En este orden, hubo avances muy importantes con la sanción de una nueva ley de servicios audiovisuales, que garantiza mayores niveles de democracia y de acceso de sectores populares a la televisión y a la radio. Al mismo tiempo el Estado ha garantizado el acceso gratuito a la televisación de los partidos del deporte más popular, y ha anunciado que prooverá gratuitamente decodificadores para posibilitar el acceso de grupos de bajos ingresos a la televisión digital y a internet.
El Protocolo establece el derecho a la constitución y protección de la familia y el derecho de los niños. En este sentido el llamado Plan de para Jefes y Jefas de Hogar desempleados, el denominado Plan Familias y luego la Asignación universal por Hijos han fortalecido los grupos familiares de menores ingresos. Asimismo el poder judicial ha sentado una avanzada jurisprudencia acerca del interés superior del niño y del derecho a la alimentación
El Protocolo establece la protección de los ancianos. Al respecto se han triplicado las pensiones no contributivas. El regimen actual beneficia a todas las personas mayores de 70 años con una prestación dineraria y el acceso a una Obra Social o seguro médico. En este último sentido la Obra Social del estado para jubilados y pensionados,, ha incrementado sus servicios y programas de asistencia.
Por último el Protocolo establece la protección de los minusválidos. En este sentido ha crecido en forma muy significativa el otorgamiento de pensiones por invalidez y la cobertura médica de discapacitados. Tambien han avanzado las reformas edilicias y los programas asistenciales en beneficio de los minusválidos.
El derecho al trabajo, el derecho a las salud, el derecho a los servicios básicos, el derecho a la seguridad social, el derecho a los beneficios de la cultura ,contemplados en el Protocolo de San Salvador, son la mejor prevención primaria ante la violencia.
En este sentido, es claro que los países con mayor cohesión social y con mejores indicadores de empleo, seguridad social y acceso a los servicios básicos, como Argentina, Chile o Uruguay tienen los índices de criminalidad mas bajos y las ciudades mas seguras.
7) Un modelo de desarrollo, sostenimiento del empleo y seguridad social
La vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales nos se dan en cualquier modelo de desarrollo. Una de las enseñanzas del caso argentino es que la mejor prevención de la violencia surge de un modelo de desarrollo basado en el crecimiento, en el empleo, y en la seguridad social. Como dice Robert Castel, la inseguridad debe combatirse en gran medida e a través de la lucha contra la inseguridad social
Resulta evidente que la violencia no es independiente de variables económicas y sociales, y en particular del derrotero socioeconómico nacional durante las últimas década. La experiencia argentina demuestra que el desarrollo y el sostenimiento del empleo es la mejor manera de reducir la violencia. Veamos algunas cifras.
En 1991, la tasa de desempleo era de 6%, cifra que llegó al 17,3% en 1996 luego cayó al 12,4 en 1998 para volver a subir de manera abrupta hasta el 23% en el 2001-2002. Dicha tasa declina de manera igualmente abrupta y continuada desde el 2002 hasta el 2008. Algo similar ocurrió con la tasa de crecimiento del PBI. En 1987, fue de 2,5%; entre 1988 y 1990 fue negativa; entre 1991 y el 2000 fue discontinua y por momentos negativa. En la coyuntura de 1999-2002 se vivió una depresión economica.
El pico máximo alcanzado tanto en la tasa de hechos delictuosos totales como en la de homicidios dolosos se registró en el 2002, luego de cuatro años de PBI negativos (1999-2002) y estampida del desempleo que llegó a superar el 20%. La evolución más favorable registrada por las dos tasas antedichas y durante los últimos 16 años se produce entre el período 2003-2007. Por cierto, un período durante el cual se experimentó el mayor crecimiento continuo del PBI y a las mayores tasas de su historia, esto en un contexto de industrialización y rdistribución creciente, y con énfasis en el Estado como actor estratégico de la vida nacional. Si bien ésta es una primera aproximación, salta a la vista la estrecha relación existente entre la evolución de los hechos delictuosos y los homicidios dolosos por una lado, con la tasa de desempleo y la evolución del PBI nacional por otro lado.
Además resulta fundamental la existencia de un sistema de protección social. En los últimos años la Argentina logró retomar el liderazgo continental en materia de jubilaciones , y puso en marcha un gigantesco programa denominada "asignación universal por hijo" que implica el mayor nivel de gasto social de la región.
Ahora bien, este modelo económico-social implica en última instancia aplicar los tratados internacionales, que prescriben el derecho al desarrollo y la estricta vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales. Y dejar de lado el modelo neoliberal, que en esencia es contrario a los derechos humanos en tanto no garantiza el principio de progresividad en materia de derechos sociales.
8) El combate a la impunidad
La instalación de un modelo económico social que respete los derechos consagrados por los tratados internacionales no es suficiente. También es imprescindible asegurar que no haya impunidad.
Esto se logra con la aplicación estricta de la ley y el respeto de los principios básicos establecidos por el derecho internacional de derechos humanos. Para enfrentar la inseguridad hay que tener en cuenta problemas relativamente sencillos. Uno de ellos es hacer cumplir la ley. No se trata de "mano dura" sino simplemente de cumplir la ley y reducir la impunidad. En el caso de México, más del 90% de los delitos vinculados al narcotráfico siguen impunes. En Colombia, un informe reciente del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pone de manifiesto que no se han castigado miles de desapariciones forzadas A su vez, el 75% de los habitantes de América Latina, considera que el acceso a la justicia es desigual.
Otro tema es la proliferación de armas de fuego y su relación con la narco-violencia. Colombia marcha a la cabeza del ranking de muertes por armas de fuego y en la frontera norte de México se registra un impresionante tráfico de armas proveniente de Estados Unidos. En la Argentina, un reciente Plan de entrega voluntaria de armas de fuego, es considerado como un factor principal en la reducción de la violencia.
La persecución consecuente de los crímenes de lesa humanidad es el mejor ejemplo de que la justicia argentina está avanzando en la reducción de la impunidad.
Tambien es importante el enfrentamiento del crimen organizado y el narcotráfico, asociados a la violencia. En este nivel, el ejemplo de Argentina también parece interesante. El flagelo del narcotráfico no se ha convertido en un problema central porque en los últimos años se ha venido aplicando una política pública de integración social y de fomento de la cultura del trabajo. Esto refuerza el enfoque específico sobre el consumo de drogas que es de índole preventivo y tendiente a despenalizar el consumo y tratar médicamente al adicto.
Por último es fundamental aplicar recomendaciones de tratados y convenios internacionales. Una de ellas es la cooperación en programas integrales de fortalecimiento institucional de la policía y el poder judicial que ayuden a reducir la corrupción. Asimismo debe reducirse la circulación de armas en cada uno de los países. Finalmente es importante que el flagelo del crimen organizado sea enfrentado por fuerzas policiales especializadas y no involucrar a las fuerzas armadas.
Estos criterios se han aplicado en la Argentina. La policía federal se ha modernizado y la policía bonaerense, la mayor del país, ha sido depurada. Se aplican programas de control y destrucción de armas. Finalmente por la ley de Seguridad Interior vigente, las Fuerzas Armadas tienen vedadas la intervención en la represión del delito.
En síntesis, se combate el delito en pleno estado de derecho y con todas las garantías constitucionales vigentes. Lo contrario, es decir instalar un virtual estado de excepción con el pretexto de enfrentar el delito, termina agravando la inseguridad.
Al respecto, la experiencia actual de México parece elocuente.
9) Conclusión
Un fantasma recorre el mundo: el fantasma de la inseguridad. La experiencia de la Argentina enseña que la inseguridad ciudadana se combate abatiendo la inseguridad social y aplicando la ley, tal como establecen los tratados de derechos internacionales ratificados por la mayoría de los países de la región.
La violencia implica relaciones sociales y no se puede combatir o reducir con medios exclusivamente técnicos. La inseguridad y la violencia no se combaten esencialmente con mayor represión: con más militares en las calles, convehículos de combate o helicópteros artillados. Se combaten básicamente cumpliendo compromisos internacionales-en algunos países con rango constitucional- que obligan a los estados a garantizar la vigencia de derechos económicos sociales y culturales.
La violencia no se resuelve con el militarismo o instalando estados de excepción que permiten violaciones de derechos humanos. Solamente los estados que han apostado a un modelo de desarrollo distinto, que priorizan la creación y sostenimiento del empleo y la seguridad social, se mantienen independientes en política exterior, e impulsan los derechos humanos y la democratización de las comunicaciones, han logrado contener la escalada de violencia.
En la región latinoamericana, la actual experiencia de México demuestra claramente que el enfoque militarista conduce a mantener y agravar el espiral de la violencia. En cambio, la experiencia Argentina parece sugerir que aplicando como política de estado las normas del derecho internacional de derechos humanos, la violencia tiende a retroceder.
Alimentación XML
