BICENTENARIO Y EMPRESAS CENTENARIAS : NOTAS SOBRE VIOLENCIA LABORAL

Por Daniel Cieza

La anulación por la Corte Suprema del indulto de José Alfredo Martínez de Hoz, ocurrido algunos días antes de los festejos del Bicentenario, pone sobre el tapete un tema fundamental de nuestra historia social. Se trata de discutir la responsabilidad de las grandes empresas en hechos de violencia contra los trabajadores a lo largo de dos siglos, y de definir como “cívico-militar” la última Dictadura Militar. Se trata también de preguntarse si la actual epidemia de violencia psicológica o mobbing que sufren los trabajadores por parte del personal gerencial o si la colaboración de fuerzas de seguridad en tareas de “inteligencia” en grandes establecimientos tiene raíces históricas.

Un viejo Prologo como disparador

El escritor más conocido de la Argentina- cuestionado por algunas opiniones políticas de su madurez-en su juventud yrigoyenista produce unas notas de gran agudeza, deliberadamente olvidadas. Luego del golpe del 30,que fuera apoyado por grandes empresas, se producen “revoluciones radicales”, como la de Paso de los Libres, cuando algunos civiles y militares yrigoyenistas intentar tomar un cuartel. Reprimida la intentona, uno de los sobrevivientes, Arturo Jauretche escribe un poema gauchesco para difundir el hecho y pide a Jorge Luis Borges que escriba el prólogo.

 

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En ese olvidado documento, muy lejos de la teoría de los dos demonios, Borges distingue tajantemente entre “cuartelazos” y “patriadas”.Define a los golpes de estado como “ prudentes operaciones comerciales de éxito seguro”, mientras considera que las patriadas-como las revoluciones radicales- son “uno de los pocos rasgos decentes de la odiosa historia de América”, pero que tendrán un destino de fracaso, irrisión y olvido(Borges, Jorge Luis, Prologo a “ El paso de los Libres” de Arturo Jauretche, Ed. Boina Blanca,1934). El prologo de Borges resulta profético a dos niveles. Grandes empresas siguieron apoyando golpes de estado en 1955,1966 y 1976, y las antiguas patriadas fueron pasando al olvido ¿ Quién recuerda la rebelión radical de Paso de los Libres de 1933,contra el fraude conservador, que genera al menos 53 muertos, origina un poema gauchesco de denuncia escrito por Arturo Jauretche, uno de los protagonistas, y motiva un prólogo tímido a dicho poema, del entonces ya reconocido escritor?.

Mas de treinta años después del último “cuartelazo”, la justicia argentina está haciendo desfilar por los banquillos de acusados a un grupo inédito de miembros de las fuerzas armadas y de seguridad. Y se ha comenzado ha señalizar algunos de los mas de 500 centros clandestinos de detención. Se trata de un hecho histórico que proyecta al estado argentino a la vanguardia de la lucha internacional por memoria , verdad, justicia, y reparación.

Ejecutores y beneficiarios

Pero si retomamos la definición de Borges, hay ausencias, surgen dudas.. No han desfilado por los estrados judiciales, aunque sea como testigos, los promotores de aquellas “operaciones comerciales de éxito seguro”. Dicho de otra manera, son juzgados los ejecutores pero no los beneficiarios.

 La nulidad del indulto de Martinez de Hoz permite la oportunidad de sentar en el banquillo de los acusados a un personaje paradigmático. Funcionario de la Revolución Libertadora y del gobierno pro-militar de Guido, dirigente del Centro Azucarero, Presidente de Acindar, líder del Consejo Empresario Argentino(CEA), entre 1955 y 1975 acumula antecedentes para ser el “jefe civil” de la última Dictadura, como bien lo define Eduardo Luis Duhalde. Entre otras cosas, Martínez de Hoz tendrá que dar explicaciones sobre la represión de Villa Constitución en Marzo de 1975, cuando fuerzas conjuntas de la policía y el ejército reprimieron ferozmente un supuesto complot de la “subversión industrial”, y la empresa Acindar, de la cuál era Presidente prestó instalaciones y pagó sobresueldos , según testimonio de Rodolfo Peregrino Fernández.

Tendría que explicar también porqué hay tantos delegados muertos y desaparecidos en las empresas más grandes del país entre 1976 y 1980. En efecto, Acindar, Dalmine Siderca, Propulsora Siderúrgica, Astilleros Río Santiago, Ford, Mercedez Benz, Astilleros Astarsa, SEGBA, Peugeot, YPF, Swift, Molinos, Renault, Ledesma son algunas de las empresas en las que fueron exterminados los delegados de personal.¿Hubo un plan sistemático? ¿Hubo complicidad de empresarios y gerentes?

Finalmente, tendría que justificar la monumental transferencia de ingresos que hubo desde los bolsillos de los trabajadores hacia las arcas de las grandes empresas durante la última Dictadura, hecho claramente denunciado en la Carta Abierta a la Junta de Comandantes, documento póstumo de Rodolfo Walsh. O el tema del incremento de la deuda externa en perjuicio del estado y el pueblo argentino, demostrado en el expediente judicial originado por la denuncia de Alejandro Olmos.

Empresas y fuerzas de seguridad

La relación entre las grandes empresas y las fuerzas de seguridad se remonta hasta el siglo XIX. La Policía garantizaba el abastecimiento de mano de obra a los ingenios tucumanos y se llevó a jóvenes mapuches como mano de obra semi-esclava después de la “expedición al Desierto”. Luego, e principios del siglo XX, en los grandes ingenios de Salta y Jujuy o en las empresas madereras de Santa Fé y el Chaco, era frecuente que las Sub-comisarias estuvieran dentro de los grandes establecimientos, y que ante grandes huelgas intervinieran regimientos del ejército. Esta es la historia del norte, del Ingenio San Martín de Tabacal de Patrón Costa, de la Forestal, del Ingenio Las Palmas, de la Empresa Ledesma. También es la historia del sur, donde regimientos militares asesinaron a cientos de huelguistas en estancias de cría de ovejas en 1921-22.

El primer peronismo rompió esta alianza entre los grandes empleadores y las fuerzas de seguridad y generó sindicatos y cuerpos de delegados que fueron una valla a la violencia en los lugares de trabajo. Durante treinta años, de 1945 a 1975 se logró un funcionamiento civilizado de las relaciones laborales, solamente alterado por los sucesivos golpes militares.

La represión masiva en Villa Constitución, en Marzo de 1975, inauguró un ciclo de violencia salvaje cuyas consecuencias todavía no están saldadas. Los militares volvieron a entrar a las fábricas y fueron exterminados los cuerpos de delegados.

 La recuperación de la democracia bajo el Alfonsinismo permitió cierta normalización de las relaciones laborales. Se recuperó parcialmente la legislación laboral y sindical. Una ley de seguridad interior prohibió a las fuerzas armadas intervenir en el mundo del trabajo. Pero el temor generado por la última dictadura y la hiper-desocupación, y precarización que luego generó el Menemismo contribuyeron a crear otros problemas en los lugares de trabajo. En los 90 se empezó a notar el acoso psicológico, o mobbing, otra forma más sofisticada de violencia laboral.

Entre la precarización y el trabajo decente

La tercerización y subcontratación, el aumento de los ritmos laborales, el autoritarismo son características de las grandes empresas en las últimas tres décadas. En este contexto, la principal herramienta para generar despidos sin costos es el “mobbing” institucional . El problema de los trabajadores ya no son las policías bravas sino un personal jerárquico que los acosa en forma sistemática.

Además, en la periferia de las grandes empresas y en otros sectores del mercado comienza a desarrollase un trabajo precario, “en negro”, que abarca la mitad de la fuerza de trabajo. Aquí se retrocede a niveles anteriores al peronismo histórico: no hay obra social, ni aguinaldo, ni pago de horas extras, ni indemnización por despido. Y hay frecuentes accidentes de trabajo, trabajo migrante sin ningún derecho, abusos de los capataces…

En la actual gestión se ha defendido el concepto de “trabajo decente” promocionado por la OIT. No solo se intente generar puestos de trabajo y reducir el desempleo, sino que se busca un empleo de calidad. Hay avances muy parciales todavía, pero sin duda se sigue el rumbo correcto. Por primera vez un Gobierno pone en el centro de sus políticas públicas recuperar un empleo de calidad para todos los argentinos.

Memoria, verdad y justicia

En los últimos años, se han producido hechos simbólicos. Grandes conglomerados económicos, como la Anónima o Ledesma, han festejado su Centenario y los grandes fastos han sido levemente empalidecidos por movimientos de protesta que les recuerdan los fusilamientos de obreros en la estancia La Anita en 1921- 1922, en la provincia de Santa Cruz, la desaparición de los delegados de Astarsa en 1976, o la noche del Apagón en Calilegua y Libertador General San Martín, Jujuy, también en 1976. ¿Cuántos lectores medianamente informados conocen hoy los hechos represivos mencionados?.

Otras empresas, como Acindar, se acercan al Centenario, y mantienen entre sus autoridades nombres y apellidos, como Arturo Acevedo, que se repiten en tres generaciones. Antiguos grupos centenarios, como Bunge y Born , Bemberg, y Patrón Costas, ya no son dueños de los establecimientos históricos pero han reinvertido sus capitales en nuevos negocios.

A veces la memoria histórica les juega una mala pasada a los poderosos. El renacer de los pueblos originarios ha puesto el foco en un capítulo olvidado de la historia de la injusticia social. Es la historia subterránea de las migraciones de trabajadores indígenas durante 50 o 60 años en el norte de nuestro país. Las masacres de la comunidad toba de Napalpí, Chaco en 1924 y de la comunidad pilagá de Las Lomitas, Formosa, en 1947,tienen relación con las relaciones laborales instaladas por los grandes Ingenios y la complicidad de las fuerzas de seguridad.

No obstante, desde el concepto según el cuál conocer la verdad es la mejor garantía de no repetición de procesos funestos, convendría rescatar del olvido algunos hechos paradigmáticos ¿ Acaso nada tiene que decir a la justicia, la centenaria y principal empresa de Jujuy, sobre la “Noche del apagón” de 1976? ¿ Acaso nada tiene que decir a la justicia, el centenario y principal grupo ovejero, naviero y comercial originado en la patagonia, sobre la represión en Astilleros Astarsa en 1976?

Creemos que la pregonada responsabilidad social de las empresas debe comenzar con una fuerte autocrítica y con la colaboración efectiva con las autoridades competentes ante hechos imprescriptibles que se siguen investigando.

Sin ir tan lejos en el tiempo, convendría que se esclarezca y explique, por ejemplo, porqué entre el personal jerárquico de grandes empresas sigue habiendo ex integrantes de las fuerzas de seguridad comprometidos con la represión. ¿Cuál es su función? O porqué en nuestro ignoto trópico, sigue habiendo cuarteles de la Gendarmería, o Sub-Comisarías en predios de grandes empresas, que se beneficiarían con tareas de inteligencia sobre el personal obrero.¿ Sigue habiendo fueros especiales? Este es uno de los temas que convendría polemizar de cara al Bicentenario. La democracia no debe quedarse en las puertas de las fábricas